LA UNIVERSIDAD Y LA CALLE

El martes 23 de abril se llevará adelante no solamente una de las movilizaciones universitarias más grandes de las últimas dos décadas, sino también una de las primeras peleas integrales que el movimiento popular ha decidido tomar contra el gobierno de Javier Milei. Para ser más precisos: contra el gobierno hambreador, empobrecedor y pro capital financiero de Javier Milei. La “Marcha Federal Universitaria” es convocada por todos los gremios estudiantiles, docentes y no docentes del país, así como también por todas las universidades nacionales.

Los sucesivos reclamos, asambleas, clases públicas, paros docentes y no docentes pusieron arriba de la mesa dos realidades: la universidad está dispuesta a resistir la embestida y a pelear por lo propio, por un lado, y el ámbito universitario se transformó en un escenario de pelea contra el gobierno nacional, por otro. Podrá ser por la magnitud del ataque o por la sensibilidad de un sector de la población, pero la masividad que adquirió un reclamo muestra que ha condensado algunas problemáticas mayores.

Datos

El esfuerzo del presidente por mostrar “adoctrinamiento” retuiteando carteles de las paredes de las universidades muestra una perspectiva política: el rechazo al debate y la polémica pública en los ámbitos educativos. Dicho concepto esconde la impronta adoctrinadora más fuerte: hacer política en una facultad sería “indebido”. No hay espíritu más reaccionario que ese. Pero también opera en otro sentido: negar o justificar indirectamente el brutal ataque a las universidades. La primera reflexión (por llamarla de alguna manera) sobre la situación universitaria la dio el vocero Manuel Adorni cuando dijo, hace unos días, que “ninguna universidad cierra por una boleta de luz”, en alusión a los tarifazos que se reflejaron en las diferentes facultades.

Como el presidente considera que las ciencias sociales no tienen entidad académica, sobre el tema es posible citar algunos datos de importancia. Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que realiza un relevamiento del presupuesto universitario desde 1997, la partida educativa actual es la más baja de los últimos 27 años. Además, el Programa Desarrollo de la Educación Superior (principal programa universitario) es un 72% más bajo en comparación con el año anterior mientras que el “ajuste del gasto” interanual es del 34%, cuatro puntos más que el promedio nacional.

El aumento del 140% en dos cuotas que la oficina del gobierno nacional salió a anunciar no solamente está en la mitad de la inflación interanual (279%) sino que, a su vez, solamente alcanza a los llamados “gastos de funcionamiento”. Es decir, a las partidas que se utilizan para los servicios y la utilización permanente de las universidades, lo que representa el 8% del presupuesto educativo nacional. Migajas.

No solamente se redujeron las partidas universitarias, también las becas estudiantiles (45,9%), los fondos de infraestructura y equipamiento escolar (98,9%), fortalecimiento edilicio de jardines (83%), FONID (79%), políticas socioeducativas (67,8%). La Beca Progresar, cuya ejecución en términos reales bajó más de un 45% en el primer trimestre, está congelada en $20.000 desde agosto del 2023. A esto hay que agregarle una lógica en baja del presupuesto universitario en los últimos años (retrocedió 18% del 2017 al 2020 y luego aumentó, pero en 2023 estuvo un 8% abajo del primer año citado), lo que hace más grave el impacto. Los docentes universitarios (aquellos que cobran, no los ad honorem, que dicho sea de paso no merecieron ninguna mención del presidente por su “aporte” al gasto público) vieron un 37% de aumento en los últimos 4 meses, contra un 90% de inflación.

El concepto “no hay plata” de Milei también requiere una discusión: ¿en qué se gasta y en qué no? El gobierno nacional sí aumentó un gasto interanual: el pago de intereses de deuda (7,93%, en términos reales). Hoy en Argentina se destina un peso a educación por cada tres pesos y medio que se dedica a pagar intereses que son usurarios por definición. La parte de “educación y cultura” del presupuesto representa un 5,2% del presupuesto, mientras que la deuda un 18,5%. En el país de la compra de aviones de guerra sin guerra, la educación se desvanece. A veces los datos son más profundos que cualquier concepción.

Milei o la universidad

Es evidente, entonces, que esta pelea universitaria no tiene ningún origen adoctrinador, sino que se desprende de un cuadro de ajuste sin antecedentes. Por eso el combo Ley Bases/DNU incluyó (e incluye) la posibilidad de adaptar la universidad pública a un cuadro de vaciamiento. El país podría generalizar los exámenes de ingreso, como forma de limitar la cantidad de inscriptos imponiendo cupos. También el arancel a personas no nacidas en este país. Dicha concepción no solamente tiene un sesgo racista sino que, paradójicamente, va en contra de la concepción “liberal” de la constitución nacional y de los ideales de Juan Bautista Alberdi (de quien deviene el concepto de “bases”): la carta magna dice taxativamente que nuestro país es “para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. Además, trae bajo el brazo una concepción más profunda de arancelamiento que empieza por un sector, a modo de excusa. Dicho sea de paso, según el registro del años 2021 (último en publicarse) las personas extranjeras constituyen alrededor del 4% de la matrícula universitaria.

El gobierno apalanca y busca profundizar, también, una política existente hace años en la universidad: los llamados “recursos propios”. Esto daría la idea de que cada universidad tiene que buscar de qué manera financiarse más allá de la plata que llega o no por parte del gobierno. Tiene que “venderse”. Las presiones para que ello ocurra suelen llevar a las universidades a convenios con empresas poderosas (que imponen sus intereses al accionar de cada establecimiento e, incluso, a sus planes de estudio) o a encarecer los posgrados pagos, sacando contenidos de grado, es decir, deteriorando el valor de las carreras (que son “gratuitas”). Una orientación privatista detrás de un supuesto debate de fondos.

A más de un analista le sorprendió la amplitud política que tomó curso en el conflicto universitario: se encuentran participando de la lucha (con sus matices y sus esfuerzos) todas las organizaciones que hacen política en la universidad. Lo que debería verse con cuidado detrás de esa concepción no es una paleta de colores ideológico sino una amalgama compleja de intereses: no se puede poner un signo igual entre lo que defienden los rectores o autoridades universitarias (incluso, ni siquiera puede construirse un “todos” homogéneo detrás de esa concepción), que se encuentran en lugares de poder y “responsabilidad” institucional, con los estudiantes que quieren cuidar su cursada o los docentes y los no docentes, que ven deteriorados sus salarios. El Consejo Interuniversitario Nacional (los rectores) dijo que veía como una señal positiva la propuesta de Milei del 140%, para seguir conversando. Si eso es así, la capacidad para “cerrar el conflicto” de este sector estará puesta a prueba con la rebeldía de los otros actores mencionados.

En definitiva, no suena muy coherente como plan político que la concepción de “Motosierra” de Milei sea compatible con la universidad pública, a menos que su plan sea derrotado en las calles. Karina, hermana del presidente, dijo que esta no era una marcha en defensa de la universidad sino contra el gobierno nacional. Son las dos cosas, Karina: una sin la otra es imposible.

Calle

Un repaso por la historia deja la conclusión de que siempre los intereses universitarios y educativos se defendieron en la calle. Vale para la Reforma de 1918, la movilización “laica o libre” en 1958 contra la emisión de títulos habilitantes por los privados, la lucha contra la decisión del gobierno de Onganía de intervenir los establecimientos (en las jornadas que terminaron con “La Noche de los Bastones Largos”), las peleas por el boleto educativo (entre las cuales están las movilizaciones en 1975 en La Plata cuyos protagonistas terminarían siendo secuestrados y torturados por la dictadura en el hecho conocido como “La Noche de los Lápices”) las luchas contra las Ley de Educación Superior menemista en 1995, las movilizaciones contra el arancelamiento de López Murphy y De La Rúa en 2001, la pelea contra la postulación de Alterini, funcionario de la dictadura, como candidato a rector de la UBA (2006), las protestas para un edificio único en la Facultad de Sociales de la UBA (2010) y la ocupación del Ministerio de Educación, la lucha por la democratización de la UBA en la primera década del siglo XX y contra las acreditaciones de las carreras a la CONEAU, las marchas universitarias contra el “Presupuesto Cero” (2016) y el ataque salarial a los docentes (2018) bajo el gobierno de Mauricio Macri, solo por nombrar algunas.

Pero, además, el mismo repaso debería dar cuenta de que la universidad aportó, en la calle, a las innumerables peleas del movimiento popular argentino. El Cordobazo, las innumerables movilziaciones de los años ´70, las jornadas piqueteras contra el hambre y la pobreza, el 19 y 20 de diciembre del 2001, el Puente Pueyrredón (La Federación Universitaria de Buenos Aires votó estar presente en ese lugar y en esa jornada) y, más cercanos en el tiempo, la lucha para conquistar el aborto legal. También, se aclara, solo por contar algunas.

El movimiento estudiantil-docente-no docente se prepara no solamente para defender lo propio sino para subirse al ring y enfrentar las política antipopulares de Milei. El apoyo de otros sectores no universitarios evidencia, a la vez, la genuinidad del reclamo.

Muchas veces se da que las mejores clases abiertas de las facultades no se llevan adelante necesariamente en un aula, sino en la calle.