ENFOQUES DE INTERVENCIÓN SOCIAL
El Programa Adolescencia (PAd) es una política recreativa (Picco, 2018) destinada a jóvenes de sectores populares de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo constituye un dispositivo de intervención social que lleva implícito un punto de partida ético que es la ponderación de una situación social que atraviesa esta población y debe ser modificada por no satisfacer determinadas necesidades consideradas legítimas en el campo del tiempo libre y la recreación. El grado de alcance cualitativo y cuantitativo de la intervención social, refiere al contenido preciso de esta ponderación que está contenida en las representaciones sociales que existen sobre sus componentes y es materia de disputa política en cada momento particular.
Las políticas y programas sociales se construyen a través de un entramado de relaciones donde dialogan discursos, prácticas y actores institucionales (funcionarios, trabajadores, destinatarios, etc.) heterogéneos. Los procesos de intervención que éstas impulsan conllevan un carácter problemático que contiene registros teóricos, ideológicos y operativos que disputan sentidos y orientaciones diversas.
Un sentido original puede rastrearse en las marcas de diseño del PAd -individualización del vínculo con las/os jóvenes y tipo de organizaciones con quienes estableció convenio inicialmente- que dan cuenta de un modelo de intervención de tipo competitivo (Corvalán 1996) donde el problema social a atender está ligado con la accesibilidad al mercado de bienes culturales y deportivos y donde se pretende potenciar la libertad y la acción racional de la población juvenil. Esto se observa en la oferta anual de actividades e instituciones que se pone a disposición de los destinatarios, en el énfasis puesto en la intervención sobre sus proyectos biográficos y en el fortalecimiento de una identidad consumidora de servicios recreativos.
En diálogo con dicha perspectiva, parte del equipo técnico del programa (tanto del estado como de las instituciones) sostiene la idea de recreación como derecho autotélico y un discurso que interpela a los jóvenes como acreedores de la sociedad, quien debe garantizarles -a través del estado local- la posibilidad de participar en actividades recreativas por el simple hecho de que tienen derecho a ello. Fundamenta esta perspectiva, la búsqueda de ampliación de ciudadanía y de oportunidades igualitarias de experimentar el aprendizaje y la producción cultural y deportiva de sectores vulnerabilizados.
Estas ideas conviven a su vez con enfoques integracionistas (Corvalán 1996) que cuestionan la legitimidad de la provisión pública de satisfactores de necesidades consideradas “no básicas” o “secundarias”, o que enfatizan su carácter instrumental para intervenir en acciones que los prevengan de ciertos riesgos atribuidos a un “uso” improductivo y sin control (violencia, adicciones, delito, etc.) del tiempo libre de jóvenes de sectores populares. En este último caso, el énfasis en la intervención está puesto en estrategias de tipo normativo que promueven la introyección de modelos, valores y prácticas propios de los sectores medios y altos. Conlleva también una mirada devaluada de esta población como seres deficitarios que requieren modificar su ethos cultural (Carballeda, 2010) para convertirse en sujetos plenamente integrados a la sociedad.
La centralidad que adquiere el/la joven como individuo en su vínculo directo con el programa, da cuenta del carácter relegado de la acción colectiva en los enfoques competitivo e integracionista en tanto la organización comunitaria y las referencias barriales están sospechadas de manipulación y clientelismo. Las instituciones que participan de la gestión del programa se ubican mayoritariamente en la trama urbana de la ciudad y fuera de los límites geográficos de villas y complejos de vivienda social. Esta explícita distancia con proyectos de mayor anclaje territorial pretende propiciar el tránsito de las/os jóvenes por circuitos distintos a sus lugares de pertenencia, como formas de favorecer el acceso a los bienes simbólicos que la ciudad provee y como mecanismo de integración social a través del mercado.
Desde otros marcos interpretativos, la misma acción puede estar significada con el intento de establecer, desde el estado local, puentes con la trama urbana y su red cultural y recreativa y sobre todo como una forma de promover espacios de encuentro y reciprocidad interclases a efectos de evitar el fortalecimiento de lo comunitario como espacio de “tutela permanente de los débiles” y consolidación de guetos de la pobreza.
La capilaridad territorial adquirida por el PAd en la mayoría de las comunas de la ciudad estaría dando cuenta de un intento de ampliación del acceso de jóvenes vulnerabilizados a estas ofertas recreativas. No obstante, es preciso indagar si se trata de acciones que logran corregir los efectos de esta injusta distribución de servicios y/o si, al mismo tiempo, terminan alimentando injusticias reactivas de reconocimiento o favoreciendo una dinámica estigmatizante que profundiza las representaciones que los ubican como incapaces de constituirse en sujetos autosuficientes sin apoyo externo. Las tensiones respecto a la nominación de los jóvenes participantes como “sujetos de derecho” o “chicos del plan” y su diferenciación respecto a los socios de las instituciones, son un ejemplo de las contradicciones presentes y de los límites que se interponen a los objetivos de integración o inclusión social que se declaman desde esta política pública.
Referencias bibliográficas
- Carballeda, A. J. M. (2010). La intervención en lo social como dispositivo. Una mirada desde los escenarios actuales. Trabajo Social UNAM, (01), pp. 46-59.
- Corvalán, J. (1996). Los paradigmas de lo social y las concepciones de intervención en la sociedad. CIDE, Documentos Nº4, Santiago de Chile.
- Picco, Diego (2018) Las políticas recreativas orientadas a la población adolescente en la Argentina. En Revista Debate Público Reflexión de Trabajo Social. Año 8 – Nros. 15 y 16 (pp.83-94)
